Medidas de protección expedidas en la Unidad Judicial de Violencia contra las Mujeres y la Familia como garantía de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género en la ciudad de Ambato, en el primer semestre de 2025

Abstract

La presente investigación tuvo como objetivo analizar si las medidas de protección de origen administrativo, emitidas por las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Tenencias Políticas y Comisarías, y sometidas a control judicial mediante su ratificación, modificación o revocatoria por parte de los jueces de la Unidad Judicial de Violencia contra las Mujeres y la Familia de la ciudad de Ambato, durante el primer semestre del año 2025, constituyen una garantía real y efectiva de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Este estudio vine a desarrollarse bajo un toque de tema jurídico e institucional de carácter mixto en dónde se combinan métodos cuantitativos y cualitativos. En el componente cuantitativo se realizó un severo análisis censal de 250 medidas de protección que fueron de origen administrativo las mismas que fueron objeto de control judicial cómo a esto podemos considerar su tipología y el tipo de resultado del pronunciamiento judicial. 1 de los componentes cualitativos se sustenta en buscar las entrevistas semiestructuradas realizadas esta vez a cuatro funcionarios de la Defensoría del Pueblo y a un punto muy importante como es un juez de la unidad judicial especializada en cuyas percepciones nos permitieron profundizar en los factores institucionales, operativos y contextuales los mismos que inciden en la ejecución y seguimiento de estas medidas. Los resultados evidencian que una mayoría significativa de las medidas administrativas fue ratificada judicialmente, lo que refleja la validación jurisdiccional del mecanismo como herramienta de protección inmediata. No obstante, el análisis cualitativo revela que la ratificación judicial no garantiza por sí sola la efectividad real de las medidas, debido a la persistencia de barreras institucionales como la falta de seguimiento sistemático, la débil coordinación interinstitucional, la sobrecarga operativa y la insuficiencia de recursos humanos y logísticos. Tomando en cuenta los estándares nacionales e internacionales De Derechos Humanos, podemos indicar que la investigación realizada concluye en que el Estado ecuatoriano deberá cumplir de forma parcial con sus obligaciones de debida diligencia tomando en cuenta que existe un marco normativo e institucional el mismo que habilita la emisión de diferentes medidas de protección y su control judicial, continúa con la persistencia de debilidades en lo que es la ejecución y la supervisión de manera efectiva. Estas limitaciones podrían reducir el alcance verdadero o real de las medidas que se presentan como garantía material del derecho que tienen las mujeres a una vida sin violencia. El estudio añade mucha evidencia empírica y actualizada sobre el funcionamiento y control judicial de las medidas de protección que vienen de origen administrativo en un contexto local que se presenta en Ambato. Tomando en cuenta los hallazgos se puede plantear la necesidad de que se debe fortalecer los mecanismos de seguimiento. En la articulación interinstitucional y la incorporación que debe existir en el enfoque de género como una estricta condición necesaria para que sea asegurado una tutela judicial efectiva y poder prevenir procesos de Revictimización que se da en mujeres víctimas de violencia de género.